El Gobierno español propone ley que prohíba la atención al cliente automatizada

El Gobierno español propone ley que prohíba la atención al cliente automatizada

El Gobierno español propone ley que prohíba la atención al cliente automatizada,En un intento por librar a los consumidores de tener que lidiar con esas voces automatizadas universalmente odiadas en el teléfono, el gobierno de España presenta un proyecto de ley que obligaría a las empresas a tener una persona real en el servicio de atención al cliente para atender la llamada.

El proyecto de ley, que incluye una serie de otras medidas relacionadas, como limitar el tiempo que lleva contestar la llamada a un máximo de tres minutos, fue propuesto por el Ministerio de Asuntos del Consumidor y respaldado por la coalición de izquierda gobernante del país en noviembre. .

Ahora necesitará la aprobación del Consejo de Estado de España, seguido de los diputados, antes de que pueda convertirse en ley. La vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, calificó esto como la

«segunda vuelta».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo: «Los servicios de atención al cliente… con demasiada frecuencia causan interminables dolores de cabeza a las familias españolas, porque El Gobierno español propone ley que prohíba la atención al cliente automatizada demasiadas empresas crean laberintos burocráticos para impedir que ejerzas tu derecho al servicio.

“Estas dificultades también representan una enorme pérdida de energía, tiempo y dinero para las familias,

muchas resignadas a renunciar a sus derechos”.

Los proveedores de servicios básicos, como servicios públicos, telefonía e internet, tendrían que ofrecer atención al cliente las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas las demás empresas estarían obligadas a prestar servicio al cliente durante el horario normal de trabajo.

Todas las quejas de los clientes también tendrían que ser respondidas dentro de los 15 días, El Gobierno español propone ley que prohíba la atención al cliente automatizada con una disposición que permite a cada una de las comunidades autónomas de España reducirlo aún más si así lo deciden.

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La ley se aplicaría a todos los proveedores de servicios públicos, independientemente de su tamaño, y a todas las demás empresas con más de 250 trabajadores o cuya facturación supere los 50 millones de euros al año. Las multas por infringir la ley oscilarían entre 150 y 100.000 euros.

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